En el año 2000, la Unión de Usuarios y Consumidores reclamó ante la justicia un cobro adicional de 3 centavos en las comunicaciones de la vía pública. La tarifa estaba establecida en 22 centavos, pero los teléfonos públicos recibían monedas de 25 centavos sin vuelto.La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar al reclamo y resolvió que la operadora debía depositar 9.637.680 pesos (más de US$3 millones) en una cuenta del Estado Nacional. Uno de los fundamentos esgrimidos fue que esas sumas percibidas no debían considerarse incorporadas al patrimonio de Telefónica, sino que debían ser restituidas al Estado Nacional para la promoción y ejecución de servicios de telecomunicaciones con características sociales. El Estado, ante la imposibilidad de individualizar a los usuarios, decidió destinar ese dinero a Internet.

Sin embargo, ésta decisión no conformó a la Unión de Usuarios y Consumidores, pues argumentaron que el Estado utilizó ese dinero para un servicio diferente, como ser Internet, cuando debía estar destinado a los referidos usuarios.

Finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la decisión de la Comisión Nacional.

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